Desde la cartera conducida por Saín indicaron que «el protocolo es resultado del trabajo de un equipo multidisciplinario coordinado por el secretario de Seguridad Germán Montenegro» y del que participaron de su elaboración «especialistas en Ciencias Políticas, sociólogos, abogados y expertos policiales», quienes «recogieron en el texto la experiencia nacional y las recomendaciones más recientes de Naciones Unidas en la materia de Derechos Humanos y de uso racional de la fuerza».

La resolución establece un “Ciclo De Planeamiento Del Uso Racional, Progresivo Y Proporcional De La Fuerza”, para modernizar y optimizar las habilidades requeridas por los policías para intervenir en situaciones de conflicto. A tal efecto, se crean tres instancias permanentes: un Programa de Seguimiento del Uso Racional, Progresivo y Proporcional de la Fuerza; la Evaluación Anual de Amenazas y Riesgos, y el Programa de Reentrenamiento en el Uso Racional, Progresivo y Proporcional de la Fuerza.

“El gobernador nos instruyó aumentar la racionalidad y precisión de las intervenciones policiales, priorizando la vida por sobre cualquier otro valor. El delito y la violencia se transforman. El uso de la fuerza debe adaptarse para responder con mayor eficacia al nuevo escenario”, explicó Saín.

“Queremos profesionales que lleguen al terreno con mejores habilidades de mediación y de ejercicio efectivo de la fuerza, en caso de ser necesario. Y para ello necesitamos mejor información sobre los resultados de estas intervenciones, así como de los valores y expectativas de los trabajadores policiales en cuanto al uso de la fuerza”, culminó el ministro.