Radio ADN 97.9 FM - RafaelaUna importante movilización se realizó este jueves en Rafaela en defensa de la universidad pública y gratuita. La convocatoria reunió a docentes, no docentes, estudiantes, familiares y representantes de la CGT, en el marco de una nueva Marcha Federal Universitaria que tuvo réplicas en distintas ciudades del país.
El reclamo central fue la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, junto con una recomposición salarial para los trabajadores de las casas de altos estudios. Además, los participantes plantearon la necesidad de garantizar recursos para investigación, infraestructura y funcionamiento académico.
Durante la jornada, los manifestantes destacaron el papel de la educación pública como herramienta de inclusión y movilidad social, al tiempo que reclamaron una instancia de diálogo entre el Gobierno nacional y las autoridades universitarias para encontrar respuestas a las demandas del sector.
Uno de los participantes de la movilización destacó la importancia de sostener la defensa de la educación pública y gratuita, a la que definió como una herramienta fundamental para ampliar las oportunidades de la población.
“Estamos en una marcha más de las universidades en defensa de la educación pública, de la educación gratuita”, expresó.
En esa línea, sostuvo que la universidad representa “una vía de ascenso social en la Argentina” y manifestó su preocupación por la situación presupuestaria que atraviesa el sistema universitario.
El entrevistado también reclamó que se abra una instancia de diálogo entre el Gobierno nacional, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y las universidades. Si bien reconoció las dificultades económicas que atraviesa el país, consideró necesario discutir el presupuesto del próximo año y encontrar respuestas para garantizar el funcionamiento de las instituciones.
Entre quienes participaron de la marcha estuvo Trinidad Martínez, delegada titular de la Asociación del Personal de la Universidad Tecnológica Nacional (APUTN), quien remarcó la importancia de mantener el reclamo hasta que se concrete la aplicación de la normativa.
“Acaba de terminar nuestra quinta marcha, totalmente necesaria, porque ya llevamos más de un año esperando que se implemente la ley que está sancionada, promulgada y demás, pero bueno, siempre con alguna traba”, manifestó.
Al referirse a la situación salarial, Martínez estimó que el retraso acumulado desde 2023 ronda el 50%, de acuerdo con los cálculos que mencionó durante la entrevista. También señaló que, luego de los reclamos del sector, se consiguió un acuerdo de aumento del 21% en junio, aunque consideró que la mejora resulta insuficiente frente a la pérdida acumulada.
Sin embargo, la representante gremial aclaró que el planteo no se limita a los ingresos de los trabajadores, sino que también abarca el financiamiento general de las universidades.
“La ley no solo habla de la recomposición salarial. La ley asegura un presupuesto que se ajuste por inflación, dinero para investigaciones, para mantener la infraestructura, para crecer”, explicó.
La movilización en Rafaela se sumó a una jornada nacional en la que distintos sectores de la comunidad universitaria reclamaron respuestas sobre el presupuesto, los salarios y las condiciones necesarias para sostener las actividades académicas y científicas.
En el plano local, la convocatoria puso de manifiesto la preocupación de docentes, no docentes y estudiantes por el futuro de las instituciones públicas de educación superior y por la continuidad de sus funciones educativas y de investigación.
Martínez insistió en que el cumplimiento de la normativa debe ser el punto de partida para resolver la situación del sector. “Estamos en democracia y las leyes se tienen que cumplir”, concluyó.
De esta manera, la marcha volvió a instalar en la agenda pública el debate sobre el financiamiento de las universidades y la necesidad de alcanzar respuestas que permitan garantizar su funcionamiento y el acceso a la educación superior.
