Radio ADN 97.9 FM - RafaelaLa diputada provincial socialista Lionella Cattalini presentó un proyecto de ley destinado a reglamentar el nuevo régimen de enjuiciamiento de jueces, fiscales y defensores en Santa Fe, luego de la reforma de la Constitución provincial de 2025.
La iniciativa busca poner en funcionamiento lo establecido por los artículos 142 y 143 de la nueva Carta Magna, que establecen un Jurado de Enjuiciamiento para los jueces y procuradores del Poder Judicial y los fiscales y defensores del Ministerio Público, ante la comisión de faltas graves o delitos dolosos. El procedimiento deberá ser acusatorio, oral y público, con garantías de debido proceso.
“Necesitamos una ley que permita poner en funcionamiento lo que establece la nueva Constitución y dejar atrás un sistema en el que el juzgamiento de los jueces estaba en manos de la Corte y el de los fiscales, en manos de la Legislatura. Esta ley es la herramienta necesaria para hacerlo realidad”, sostuvo Cattalini.
De acuerdo con el proyecto, el nuevo Jurado de Enjuiciamiento estará integrado por un ministro de la Corte Suprema de Justicia, el fiscal general o el defensor general —según corresponda—, dos jueces, fiscales o defensores, tres senadores y tres diputados con representación de las minorías y dos abogados matriculados en los colegios profesionales de la provincia. Esa composición coincide con la prevista por el artículo 142 de la Constitución reformada.
Cattalini sostuvo que durante la reforma constitucional se discutieron mecanismos para equilibrar el poder y garantizar la independencia de la Justicia, junto con herramientas de control sobre quienes tienen responsabilidades dentro del sistema judicial.
“Los jueces, fiscales y defensores tienen funciones diferentes, pero todos ejercen responsabilidades públicas y tienen que responder bajo las mismas reglas”, afirmó la legisladora.
El proyecto apunta ahora a abrir el debate en la Legislatura para definir la reglamentación del nuevo sistema y establecer su funcionamiento. La Constitución reformada dejó en manos de la ley la regulación de la integración y funcionamiento del Jurado, además de determinar el órgano encargado de ejercer la acusación.
