Una política orientada a recuperar territorios
Los derribos comenzaron a ejecutarse a principios de 2024 como parte de una estrategia coordinada entre el Gobierno provincial, el Ministerio Público de la Acusación, la Justicia santafesina, la Policía de Santa Fe y, según el caso, fuerzas federales y gobiernos locales.
La política de microtráfico contempla no solo la persecución penal del narcomenudeo, sino también la inactivación de inmuebles utilizados para la comercialización de drogas o vinculados a hechos de violencia grave. El objetivo es impedir que esos espacios vuelvan a funcionar como focos delictivos en los barrios.
Desde su implementación, la Ley de Microtráfico se consolidó como una de las principales herramientas de la estrategia de seguridad provincial para intervenir sobre economías criminales de pequeña escala, reducir la violencia y recuperar zonas afectadas por la presencia del delito organizado.




















