Mayer agradeció primero y sacudió después: críticas al régimen de inversiones rafaelino

La reciente aprobación del Régimen Rafaelino de Incentivo para Grandes Inversiones (RRIGI) generó controversia en el ámbito político local, luego de que Bryan J. Mayer, autor de la iniciativa original, expresara fuertes críticas sobre el alcance de la normativa sancionada.

Según detalló el propio Mayer, el proyecto aprobado presenta diferencias sustanciales respecto a su propuesta inicial, denominada Régimen de Incentivo Municipal a las Inversiones (RIMI). En ese sentido, señaló que los cambios introducidos afectan tanto los requisitos de ingreso como los beneficios otorgados, reduciendo su atractivo para el sector privado.

Uno de los principales puntos de conflicto radica en el monto mínimo de inversión exigido. Mientras el proyecto original contemplaba un piso de 500 mil dólares para empresas locales, la ordenanza vigente eleva ese umbral a entre 2 y 10 millones de dólares, dependiendo de la escala del emprendimiento. Esto, según Mayer, deja fuera a una porción significativa del entramado productivo local, especialmente a pequeñas y medianas empresas.

En términos de empleo, también se endurecieron las condiciones. El esquema inicial requería la generación de al menos 15 puestos de trabajo, mientras que el régimen aprobado eleva esa exigencia hasta 60 empleos. A esto se suma una reducción en los beneficios fiscales: el RIMI proponía exenciones totales por 10 años (extensibles a 12), pero el RRIGI limita ese beneficio a cinco años, con una disminución progresiva posterior.

Mayer sostuvo que estos cambios “vacían de contenido” el espíritu original de la iniciativa, que buscaba fomentar un esquema más inclusivo y competitivo. Además, cuestionó que el nuevo régimen esté centrado principalmente en aspectos fiscales, dejando de lado herramientas clave como el acceso a suelo industrial, incentivos al empleo local y beneficios para empresas ya radicadas.

Finalmente, el dirigente consideró que la normativa aprobada resulta “más restrictiva y menos atractiva”, lo que podría dificultar la generación de empleo y el crecimiento económico en la ciudad de Rafaela.