A través del decreto 2746, la administración provincial transfirió a los ministerios de Desarrollo Productivo y Economía la facultad de definir el régimen, los parámetros y la renovación del beneficio. La medida busca reforzar los controles y garantizar una asignación más eficiente y justa de los recursos públicos.
Provinciales11/11/2025
Radio ADN 97.9 FM - Rafaela
Mediante el decreto N° 2746, firmado el pasado 7 de noviembre, el Gobierno de Santa Fe delegó en los ministros de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, y de Economía, Pablo Olivares, la facultad de establecer y aprobar el régimen de beneficio de la Tarifa Social para los usuarios de energía eléctrica.
La resolución —publicada este lunes en el Boletín Oficial— faculta a ambos funcionarios a determinar los parámetros de otorgamiento, los topes de consumo, la duración y/o la renovación del beneficio, con el objetivo de optimizar su implementación y adecuarla a las necesidades sociales y presupuestarias de la provincia.
El texto del decreto remarca que “es una responsabilidad ineludible del Estado Provincial realizar todas las acciones necesarias para remover los obstáculos de orden económico y social que limiten el desarrollo y la vida en condiciones dignas, comprometiéndose a adoptar acciones positivas que aborden la indigencia, la pobreza y la exclusión”.
La medida se sustenta en la Ley N° 10.014, que establece el Estatuto Orgánico de la Empresa Provincial de la Energía (EPE). Dicha normativa dispone que la empresa tiene por finalidad satisfacer el derecho a la energía de la comunidad, promoviendo un uso socialmente racional de los recursos. Además, su Artículo 6°, inciso q) faculta al Poder Ejecutivo a fijar tarifas preferenciales por razones de interés público, siempre que se arbitren los medios necesarios para compensar a la EPE por la diferencia económica.
Irregularidades detectadas
En agosto pasado, el Gobierno provincial dio a conocer un relevamiento conjunto de los ministerios de Desarrollo Productivo y de Economía, donde se detectaron “múltiples situaciones irregulares” entre los beneficiarios de la tarifa subsidiada. Entre los casos señalados se encuentran suministros a nombre de personas fallecidas, inmuebles en alquiler, locales comerciales e incluso propiedades en barrios de alto valor inmobiliario.
El programa de Tarifa Social tiene como objetivo garantizar el acceso a un consumo eléctrico razonable y eficiente para los hogares de menores ingresos. La diferencia entre el valor que paga el usuario beneficiado y el costo real del servicio es absorbida por el Estado provincial. Por este motivo, el Ejecutivo busca reforzar los controles para lograr mayor eficiencia en la asignación de recursos y justicia distributiva, evitando que los abusos o errores sean financiados con el esfuerzo de toda la sociedad santafesina.
Mayor control y coordinación
El nuevo decreto establece que la EPE deja de tener la atribución directa de otorgar las tarifas sociales, pasando esa responsabilidad a los ministerios encabezados por Puccini y Olivares.
“La complejidad del universo de potenciales beneficiarios y la dinámica socioeconómica de la provincia torna necesaria la implementación de un mecanismo ágil y coordinado”, señala el texto oficial, destacando la importancia de mantener una actualización constante del régimen según las necesidades de los usuarios y las disponibilidades presupuestarias.
De esta manera, los ministros de Economía y Desarrollo Productivo tendrán la potestad de definir y aprobar el régimen de la Tarifa Social, estableciendo sus criterios de acceso, vigencia y renovación, con el fin de fortalecer la transparencia y la equidad en la política energética provincial.
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