Este martes a las 16 horas, la Cámara de Diputados abrirá un nuevo capítulo en la discusión sobre el régimen penal juvenil con el debate en comisión del proyecto de reforma que propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La iniciativa, impulsada por el Gobierno y acompañada por bloques dialoguistas como el PRO, la UCR, la Coalición Cívica, Innovación Federal y algunos sectores de Encuentro Federal, busca establecer un nuevo marco de sanciones para menores de edad que cometan delitos.

El proyecto será analizado en un plenario de comisiones integrado por Legislación Penal, Justicia, Familia, y Presupuesto y Hacienda, presididas por Laura Rodríguez Machado (PRO), Manuel Quintar (LLA), Roxana Reyes (UCR) y José Luis Espert (LLA), respectivamente. La presidenta de la Comisión de Legislación Penal convocó a esta reunión con el objetivo de firmar dictamen y avanzar hacia su tratamiento en el recinto antes de fin de mes.

Sin embargo, el debate llega atravesado por una fuerte controversia. La propuesta es rechazada de plano por el bloque de Unión por la Patria (UxP), la izquierda y diversas organizaciones de derechos humanos. A estas voces se sumó este domingo el presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, monseñor Dante Braida, quien expresó su preocupación por el rumbo del proyecto. “No nos parece que bajar la edad sea lo adecuado. Poner en situación de encierro a un chico no soluciona el problema de raíz”, afirmó el obispo de La Rioja.

El proyecto oficialista, que ya tuvo siete reuniones de debate el año pasado y dos más en marzo de este año, establece que no se podrán imponer penas de reclusión perpetua a menores, y que el máximo de condena será de 20 años, incluso en casos de delitos múltiples. También prevé la revisión de la condena tras cumplir dos tercios de la pena, con la posibilidad de continuarla bajo arresto domiciliario.

Además del aspecto punitivo, el texto incorpora medidas orientadas a la rehabilitación y resocialización de los jóvenes infractores. Entre ellas, se contemplan programas educativos, de formación ciudadana, tratamientos médicos y actividades deportivas. También se propone la creación de la figura del “supervisor”, un referente que acompañe al menor durante el cumplimiento de la sanción y su reinserción social.

Respecto a los lugares de cumplimiento de penas, el proyecto abre la posibilidad de instituciones especializadas y centros abiertos, además de la cárcel y el domicilio. Para los delitos menores, se plantean sanciones alternativas como prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación del daño y medidas de seguimiento comunitario.

Aunque el Gobierno aspiraba originalmente a establecer la imputabilidad desde los 13 años para delitos graves, fuentes legislativas aseguran que el consenso actual —al menos para alcanzar el dictamen— se inclina hacia los 14 años, posición que también respaldan algunos legisladores de UxP, como el diputado Ramiro Gutiérrez, de origen massista.

El debate promete ser intenso y volverá a exponer tensiones entre las demandas de seguridad y los principios de derechos humanos en torno a la infancia. La votación del dictamen marcará el tono de una discusión que, más allá del Congreso, interpela al conjunto de la sociedad argentina.