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El gobernador Maximiliano Pullaro se refirió este miércoles a la denuncia y pedido de Jury contra el juez penal Mauricio Martelossi, de la ciudad de Reconquista, que presentaron los ministros de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, y de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Roberto Falistocco.
Al respecto, Pullaro destacó la necesidad de “poner en la Constitución la seguridad pública, para que no solo se hable de derechos, y así terminar con la mirada garantista, que hoy generó que dos ministros del Poder Ejecutivo, con mi aval, presenten el Jury al juez que dejó en libertad, hace poco tiempo y por un delito similar, al delincuente que cometió el asesinato del remisero de 61 años”, en la ciudad de Reconquista.
El pedido de Jury se enmarca en lo dispuesto en el artículo 91 de la Constitución de la Provincia de Santa Fe y el artículo 7, inciso 1 y concordantes de la Ley Provincial Nº 7050, que establecen las causales y el procedimiento para la remoción de magistrados por mal desempeño en sus funciones.
PEDIDO DE JURY
La denuncia con el juez Martelossi se presenta a raíz del homicidio, en la ciudad de Reconquista, de Juan Carlos Martínez, remisero de la localidad. Pocas horas después, el sospechoso fue detenido, por el rápido y eficiente accionar policial, y se le secuestró en su domicilio el arma homicida. El detenido, Joaquín Carrizo, resultó ser un delincuente conocido de la región, que registra 13 causas penales, y se encontraba en libertad por decisiones judiciales previas: “A pesar de que un análisis mínimamente riguroso de sus antecedentes permitía advertir con claridad el riesgo concreto de que su conducta violenta derivara en una tragedia”, precisa el escrito.
Esto pone de manifiesto la “ligereza e irresponsabilidad” con la que el magistrado actuó, omitiendo los antecedentes penales, y permitiendo la libertad de una persona ya condenada, con conductas delictivas reiteradas, y con problemas psicológicos o psiquiátricos reconocidos; y desestimando criterios procesales elementales del artículo 221 del Código Procesal Penal de la Provincia, sobre hipótesis que permiten valorar el riesgo procesal.
Por este motivo, la denuncia presentada sostiene que “el accionar del juez Martelossi, amparado en un garantismo mal entendido y desprovisto de responsabilidad institucional, pone en riesgo el funcionamiento y la credibilidad del sistema penal en su conjunto. En nuestra doble condición de ciudadanos y de funcionarios de un gobierno que ha demostrado un compromiso firme con la protección de derechos y garantías para toda la sociedad, consideramos no sólo pertinente, sino necesario, reclamar su destitución, en resguardo de los principios fundamentales que deben regir la administración de justicia”.
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