En las vísperas de una nueva movilización por los jubilados, el Gobierno Nacional denunció penalmente a la jueza porteña Karina Andrade por los delitos de “prevaricato, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento”, luego de que liberara a los 114 detenidos en la protesta que tuvo lugar en las inmediaciones del Congreso. 

Por instrucción de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el abogado de la cartera Fernando Soto presentó una denuncia penal contra la magistrada, titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la que se la acusa de haber cometido “graves irregularidades". 

En el Poder Ejecutivo consideran que Andrade ordenó la liberación de 114 detenidos “sin haber analizado las pruebas, sin considerar los antecedentes penales de los implicados y sin respetar los procedimientos legales vigentes”. 

En la administración libertaria aseguran que la magistrada “intervino arbitrariamente en un procedimiento de flagrancia, que es competencia del Ministerio Público Fiscal, y tomó su decisión sin contar con los elementos de prueba necesarios”.