La interventora de la Caja de Previsión Social de los Agentes Civiles del Estado, Lorena Ulieldín, presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Ministerio Público de la Acusación (MPA) solicitando que se investigue si hubo maniobras para la posible comisión de delitos de falsificación y/o adulteración de documentos (certificados médicos) y el uso de documentos falsificados ante la Caja para obtener réditos económicos.  

En la nota elevada al MPA, se hace referencia a la tramitación de solicitudes del beneficio previsto en el artículo 46 bis de la Ley N° 13.758, que prevé que se otorgue “hasta un 10 % de anticipo (del seguro) a aquellos afiliados que acrediten tres meses de afiliación, cuando se comprobare que sufren una enfermedad terminal según correspondientes actuaciones médicas”.

Al respecto, desde la Caja se detectó una serie de trámites para reclamar este beneficio por parte de afiliados que presentan como característica común ser todos oriundos de la ciudad de Reconquista, y que todos son patrocinados por el mismo abogado y/o licenciada en Trabajo Social.

Asimismo, la denuncia detalla que “en todas estas solicitudes se observan situaciones anómalas en torno a los certificados médicos aportados por los afiliados para solicitar los beneficios, (…) y que fueran advertidas por la asesora médica de este organismo”. Concretamente, “se ha verificado informalmente por el personal de esta Caja que los profesionales que supuestamente habrían emitido los certificados médicos en cuestión han desconocido la confección de los mismos o bien se han advertido agregados y/o alteraciones en su contenido referidos a la mención de «enfermedad terminal» que en ellos consta, entre otras”.

Vale consignar que la situación fue advertida producto de las medidas de control que viene realizando el gobierno provincial en todas las áreas del Estado, y que han permitido detectar, entre varios casos, el funcionamiento anómalo de comedores infantiles que no eran tales, horas extras que no se pagaban pero no se cumplían en EPE o en ASSA; las licencias irregulares para cuidado de familiares de docentes, que al normalizarse bajaron un 70% en sus solicitudes; licitaciones de Obras Públicas que tuvieron ahorro de hasta 60% comparado con el año pasado, pese a la inflación, y compras de medicamentos y alimentos, con la misma característica.