Lamentablemente, el nuevo Consenso Fiscal elimina la reducción progresiva de Ingresos Brutos establecida originalmente en el año 2017, que hubiera permitido que la industria manufacturera y las actividades primarias se encontraran exentas de este tributo para 2022. En concreto, a partir del nuevo acuerdo, se mantienen las alícuotas establecidas en 2019, cuando se había determinado suspender aquel esquema de reducción.

Es importante destacar que IIBB es uno de los impuestos más distorsivos del sistema tributario argentino actual, por su carácter regresivo y su aplicación en cascada (que grava varias veces el mismo valor agregado, por la inexistencia del cómputo de crédito fiscal).

El Consenso Fiscal 2022, además, ratifica la vigencia del impuesto a los sellos. Según el acuerdo de 2017, debía eliminarse a partir del 2022, pero seguirá siendo de entre 2% y 3,5%, dependiendo el tipo de operación.

Por otro lado, la iniciativa habilita a las provincias a crear un nuevo impuesto a la herencia (según el texto, la intención será gravar “todo aumento de riqueza obtenido a título gratuito como consecuencia de una transmisión o acto de esa naturaleza, que comprenda a bienes situados en su territorio y/o beneficie a personas humanas o jurídicas domiciliadas en el mismo”). Esto también tiene un efecto adverso sobre el sector productivo, al afectar el traslado de acciones de sociedades, algo que impacta sobre todo en las pequeñas y medianas empresas familiares. Además, en Argentina, este tipo de impuesto generaría una doble imposición con el impuesto sobre los bienes personales. En este aspecto, cabe señalar que los países del mundo que gravan la herencia de bienes no tienen un impuesto sobre los bienes personales, y viceversa. Es decir, se grava el patrimonio de forma anual o en el momento de transferirlo, pero no en ambos momentos.

Tal como ha señalado el presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, un acuerdo entre la Nación y los gobernadores de todo el espectro político debería ir en el sentido de evitar incrementos de la presión tributaria al sector transable, en lugar de promover un impuesto distorsivo que tiene numerosos impactos negativos, ya conocidos y aquí mencionados, para la economía.

En este marco, nuestra entidad reafirma su posición histórica: el genuino incremento de los recursos del Estado debe surgir de un plan de desarrollo que permita un aumento sostenido del PBI. La creación de nuevos impuestos y el incremento de las alícuotas de los existentes representan el camino inverso. Constituyen, sin lugar a dudas, señales extremadamente negativas, que generan desconfianza, imprevisibilidad y débiles incentivos para la inversión privada, el crecimiento del país y la reducción de la pobreza.