Cuatro directivos y dos encargados de una empresa agropecuaria dedicada al desflore de maíz en estancias de las localidades bonaerenses de Ramallo y Arrecifes, fueron imputados por la explotación de 237 trabajadores, informó la Procuración General de la Nación.

La Fiscalía Federal de San Nicolás, a cargo de Matías Di Lello, junto con la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), pidieron además la inhibición general de bienes de esos empresarios y que se traben embargos por más de $ 22 millones para garantizar la reparación a las víctimas.

El pedido de procesamiento de los directivos de la empresa Satus Ager fue solicitado al juez Carlos Villafuerte Ruzo, por ser considerados coautores del delito de trata de personas con fines de trabajo forzoso, agravado por haber sido cometido de manera organizada por más de tres personas, en concurso ideal con el delito de reducción a la servidumbre u otras prácticas análogas.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal solicitaron asimismo que se ordene el inicio de una investigación patrimonial a todos los imputados de haber participado en la captación de trabajadores, en su mayoría oriundos de la provincia de Santiago del Estero.

Tras llegar a los campos bonaerenses las víctimas debían trabajar "de sol a sol" y en condiciones infrahumanas: sin baños, luz, agua potable, con comida vencida y malos tratos, se indicó.