La Legislatura provincial sancionó este jueves, en forma coordinada entre las cámaras y los bloques políticos, dos leyes que reforman el sistema de seguridad. Una de ellas establece una serie de incompatibilidades para los funcionarios que se desempeñan en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y la otra apunta a regular y transparentar el uso de gastos reservados tanto en la órbita del Ejecutivo como del Poder Judicial.

El proyecto modifica la ley 13.013, que regula el funcionamiento del organismo. Fue elaborado por los diputados del Frente Progresista Pablo Farías, Maximiliano Pullaro, Joaquín Blanco y Fabián Palo Oliver. Justamente con el ex intendente de Santo Tomé dialogó Radio ADN, buscando precisiones. "Nosotros cuando asumió Sain, el 10 de diciembre del año pasado, advertimos el bloque del Frente Progresista, de que había una incompatibilidad, en el caso de que Sain vuelva al MPA, en virtud de que entendemos que no se puede estar de los dos lados del mostrador, es decir de estar a cargo de un organismo de investigación, estar hoy a cargo de un Ministerio, en este caso el Ministerio de seguridad, y después volver a un organismo de investigación, quizás a investigar hechos que también involucren a la gestión actual de Omar Perotti, donde Sain fue su Ministro de Seguridad", explicaba Palo Oliver. "Nadie discute que hay una incompatibilidad. Está aceptado por los propios legisladores que pertenecen al PJ, y en el caso del Senado, logró también el acompañamiento de los senadores del PJ". El diputado también ingresó en el terreno político. "Nosotros no entendemos porqué se está sobreactuando tanto. En primer lugar las leyes no son retroactivas. Sain pidió licencia, ya se le aceptó. A nuestro modo de ver, una interpretación bastante caprichosa. Pero bueno, al fin está firmada esa resolución, y la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe no la observó. Así que al no ser retroactiva se supone que Sain el día que termine su gestión, podrá volver al MPA, en función de que la licencia se pidió con anterioridad a la sanción de esta ley", aseveró Fabián Palo Oliver.

La ley declara la incompatibilidad, para acceder al cargo de fiscal general, fiscal regional, fiscal de grado o director de cualquier organismo del MPA, de quienes se hayan desempeñado como funcionarios en el área de seguridad, en los últimos dos años.

Esa normativa también les impide a los funcionarios del MPA difundir mensajes de contenido electoral o político y participar de actividades partidarias o electorales.

El proyecto fue aprobado por diputados del Frente Progresista y los bloques minoritarios y fue rechazado por el PJ. En el Senado, lo votaron todos los representantes de los departamentos a excepción de cuatro justicialistas que pidieron abstenerse: Alcides Calvo (Castellanos), Marcelo Lewandowski (Rosario), Ricardo Kaufmann (Garay) y Marcos Castelló (La Capital).