El juez Fabián Lorenzini, quien pilotea el concurso preventivo de la cerealera —activado en febrero pasado—, citó a las partes, a las 17.30, en el marco de un incidente del expediente principal surgido tras el planteo de la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) santafesina para desplazar al actual directorio de la administración de Vicentin.

En ese contexto, la Casa Gris ratificará el pedido de corrimiento del directorio y revalidará su plan de rescate de la cerealera en default a través de una intervención tripartita que eluda la expropiación impulsada a principios de junio por el presidente Alberto Fernández.

 “La empresa tiene serios problemas para subsistir y, sin el Estado, será muy difícil que arranque”, argumentó el gobernador Perotti, respecto de su posicionamiento frente al grupo en concurso de acreedores.

Acerca de Fernández, quien el lunes admitió que tuvo una “percepción errada” sobre la reacción social y política frente a la eventual intervención estatal, Perotti subrayó: “Uno pudo dialogar con el presidente muchas veces. Su movida central era que no perdamos una empresa como Vicentin”.

El gobernador ratificó el objetivo de su administración: “No nos da lo mismo si la compañía va a la quiebra o la podemos rescatar. Los esfuerzos van a estar puestos ahí”.

La audiencia de conciliación a desarrollar en el Juzgado Civil y Comercial N° 2 de Reconquista tiene que ver con la actuación anexada al expediente del concurso preventivo.

El magistrado viene de rechazar el reclamo santafesino, formalizado el 19 de junio, tras lo cual mantuvo al directorio de Vicentin, que afronta un concurso con un pasivo de casi 100.000 millones de pesos, entre acreedores comerciales y financieros.

A raíz de los planteos de nulidad y apelaciones interpuestos por los gobiernos nacional y santafesino, como también por la propia agroexportadora, Lorenzini elevó esos recursos a la Cámara de Reconquista, que deberá resolverlos.

Sin embargo, los plazos de resolución de la puja judicial podrían sufrir una demora ya que al menos uno de los integrantes de ese tribunal de alzada se excusaría, razón por la cual habrá que designar un nuevo integrante para su constitución.

Luego de la presentación ante Lorenzini, la titular de la Inspección General de Personas Jurídicas había advertido que al menos cuatro directivos de Vicentin realizaron donaciones y enajenación de propiedades y bienes a través de presuntas ventas.

Una semana atrás, el fiscal federal Gerardo Pollicita había pedido que se ordene la inhibición de bienes al ex titular del Banco Nación (BNA) Javier González Fraga, a ex directivos y gerentes de esa entidad y a empresarios de Vicentin, en el marco de la causa penal que investiga una supuesta defraudación en el otorgamiento de créditos multimillonarios a la compañía.

Asimismo, organizaciones sindicales, políticas y sociales, como también autoconvocados, vienen de movilizarse en caravana en las ciudades santafesinas de Rosario, Reconquista y Avellaneda, entre otros puntos del país, a favor y en contra de la estatización de la agroexportadora.

Por lo pronto, en la Casa Gris esperan que durante la audiencia conciliatoria los apoderados de la empresa den señales respecto de una posible salida acordada.