Industriales rafaelinos plantearon a concejales las discrepancias con "la tributaria"

La reunión fue solicitada por la institución luego de haber pedido oportunamente al propio Concejo, copia del proyecto de Ordenanza Tributaria 2019. Ya con el proyecto en poder de la entidad, se procedió a realizar un minucioso análisis del mismo en el marco de la Comisión de Política Tributaria y la colaboración de la Asociación de Graduados en Ciencias Económicas del Centro Oeste Santafesino. Del análisis se detectaron algunas propuestas de cambios y posteriormente se compartió con las diferentes cámaras y comisiones que componen la institución.

En el inicio del encuentro, el presidente del CCIRR Andrés Ferrero agradeció la presencia de los concejales municipales por aceptar la invitación de la institución para debatir acerca de las observaciones al proyecto de ordenanza tributaria, eje central de la reunión. Entre los temas, se abordaron consideraciones sobre la redacción de los artículos 76º (Sujetos pasivos) y  77º (Derecho imponible) y cambios en el artículo 81° sobre exenciones objetivas, que podrían implicar el gravamen de operaciones de resguardo financiero que no tienen que ver con la actividad principal desarrollada por el contribuyente (la preocupación radica en una eventual doble imposición y además, se superaría la base tributaria provincial que exime a las operaciones con títulos, letras, bonos, obligaciones y demás papeles emitidos y que se emitan en el futuro por la Nación, las Provincias, las Municipalidades y las Comunas). 

Otro punto analizado fue la alícuota de "Derecho de Registro e Inspección" (DReI) que deben pagar las “grandes superficies comerciales”. Al respecto, se planteó la posibilidad de que aquellos contribuyentes clasificados como "PYMES" según la resolución 154/2008 de la Secretaría de Emprendedores y PyMEs de la Nación continúen tributando al 1% (versus el 1,2% que deberían pagar según el proyecto elevado). 

Por último, se recordó que en abril se alcanzó un acuerdo con el municipio respecto a la base de cálculo del "Derecho de Registro e Inspección" que se debe pagar por la comercialización de automotores, motocicletas, camionetas, camiones, tractores, cosechadoras, maquinaria agrícola y demás implementos agrícolas, autopropulsados o no, cuando se trate de unidades nuevas (0 KM), cuya venta sea efectuada por concesionarios o agentes oficiales de venta. El planteo en éste encuentro giró en torno a la alícuota sobre el 15% de comisión mínima que se establece entre precio de compra y venta. En éste sentido, el proyecto oficial propone que sea del 3,9%, mientras que desde la entidad se solicitó que la misma no supere el 2,5%, siendo que en otras localidades se pagan alícuotas sensiblemente inferiores.