Este martes, el jefe de Gabinete de la Municipalidad de Rafaela, Marcos Corach, asistió al Concejo Municipal para analizar junto a los ediles la posibilidad de que Rafaela anule el convenio con la Empresa Provincial de la Energía para no cobrarle el alumbrado público a la ciudadanía, al igual que lo hizo la ciudad de Santa Fe. 

Al finalizar la reunión, el funcionario expresó la postura del Ejecutivo quien considera que no es posible anular un convenio cuando aún no se conoce el monto que la EPE cobra por el alumbrado público: "Los que intentamos poner es una cuota de racionalidad al proyecto de Ordenanza que pide la derogación de la Ordenanza cuando no sabemos de qué monto estamos hablando cuando la EPE cobra el alumbrado público". 

"Si la propuesta es que discutamos cuánto es el esfuerzo que debemos hacer desde el municipio de la ciudad de Rafaela, primero sepamos cuánto es ese esfuerzo. Lo que les estoy pidiendo a los concejales de la oposición, de Cambiemos y del Frente Progresista, es que trasladen este mismo pedido de esfuerzo a la Municipalidad y a la ciudad de Rafaela al gobierno provincial y nacional", agregó.

Además, dijo que "de lo que salga este esfuerzo que debamos hacer, ya sean 18 o 20 millones de pesos, es algo menos que la ciudad va a tener: menos móviles, menos cuadras de pavimento, menos de algo que vamos a tener que resignar porque por un lado ese dinero tiene que salir y, no sabemos de cuánto dinero estamos hablando".

"Lo que pedimos es que sean justos. El gobierno municipal no es quien fija tarifas. El gobierno nacional y provincial son quienes definen la política tarifaria de Argentina. Estamos en desacuerdo, hay una transferencia de fondos del país hacia los accionistas y las empresas que proveen energía. Entonces seamos más justos, que alguien más practique el ajuste, que no nos pidan solamente a los rafaelinos", enfatizó Corach. 

"Al que le piden el ajuste es al ciudadano rafaelino y no a las empresas o al gobierno de la provincia de Santa Fe. La tarifa de energía fue aumentando a pesar de que la energía había estado subsidiada en Santa Fe. Por eso, sean más justos a la hora de repartir las cargas y no se lo pidan solo al ciudadano rafaelino".

Desde el Estado local se habló con el intendente de la ciudad de Santa Fe y con el gobernador de la provincia de Santa Fe. El gobernador planteó, de forma extraoficial, "una reestructuración del sistema lumínico porque entiende que las luces de sodio es anticuado. Por eso, para todas aquellas ciudades que tengan convenio con la EPE están trabajando en un plan de reconversión de luminarias para tener un mejor gasto".

"En términos de gastos, la EPE habla de un estimativo porque no tiene capacidad de medir cuánto es el alumbrado público. Y la verdad que no es razonable que estemos discutiendo sobre un número que no sabemos. Entonces, lo que consideramos que derogar una norma antes de conocer el monto, es algo irresponsable", subrayó. 

También habló de las consecuencias para el municipio de Santa Fe que los vecinos dejen de pagar el alumbrado público: "la Municipalidad se tiene que hacer cargo de todo el alumbrado público: postes, luminarias, el recambio de postes y luminarias, el mantenimiento del sistema, la responsabilidad ante un accidente. La EPE se deslinda absolutamente del alumbrado público de dicha localidad y el municipio se tiene que hacer cargo de los 70, 80 millones de pesos". 

"Si la EPE haría un trabajo serio con el recambio de luminarias de sodio a LED, seguramente tendríamos un ahorro importante. Hoy el ahorro que tenemos con el recambio de luminarias que estamos haciendo desde la Municipalidad de Rafaela es un ahorro al alumbrado público que va a tiene la EPE, no la ciudad porque desconocemos este ahorro al no estar medido por la empresa, por ende no se puede disminuir al usuario", cerró Marcos Corach.