Radio ADN 97.9 FM - Rafaela
El Gobierno nacional introdujo modificaciones de última hora en el Proyecto de Presupuesto 2026 con el objetivo de derogar la Ley de Financiamiento Universitario y la Ley de Emergencia en Discapacidad, dos iniciativas que habían sido sancionadas este año por amplias mayorías en ambas cámaras del Congreso.
Los cambios fueron incorporados en el texto del proyecto en la antesala de la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, convocada para este mediodía. Allí, el oficialismo presentó un nuevo dictamen, pese a que el Presupuesto ya contaba con despacho de mayoría desde antes del recambio legislativo y del inicio de las sesiones extraordinarias, que se extenderán hasta fin de año.
Concretamente, el artículo 75 del nuevo dictamen propone derogar las leyes 27.793, de Emergencia en Discapacidad, y 27.795, de Financiamiento Universitario. Ambas normas habían sido aprobadas por más de dos tercios de los legisladores luego de que el Congreso rechazara los vetos presidenciales.
Si bien el presidente Javier Milei promulgó ambas leyes antes de las elecciones generales de octubre, en los hechos quedaron suspendidas por la falta de asignación de partidas presupuestarias. El Ejecutivo argumentó en ese momento que “no hay plata” y que correspondía al propio Congreso definir el origen de los fondos. En paralelo, el Gobierno dispuso aumentos discrecionales tanto para el sistema universitario como para los prestadores en discapacidad, aunque por debajo de lo establecido en las normas sancionadas.
En el caso de la Emergencia en Discapacidad, la situación se complejizó aún más tras un reciente fallo de la justicia federal de Campana, vigente desde la semana pasada, que obliga al Estado nacional a aplicar la ley y garantizar los fondos necesarios para recomponer los ingresos de prestadores e instituciones afectadas por el ajuste desde diciembre de 2023.
Además, el oficialismo incorporó el artículo 77 al proyecto de Presupuesto, que modifica el artículo 9 de la ley 13.478 y elimina la posibilidad de otorgar una pensión a personas con Certificado Único de Discapacidad, uno de los derechos contemplados en la ley de Emergencia.
Las modificaciones generaron fuertes cuestionamientos por parte de distintos sectores políticos, sindicales y sociales, que advierten sobre el impacto de estas medidas en el sistema universitario y en la atención integral de las personas con discapacidad.
