El Gobierno nacional oficializó el regreso del Servicio Militar Voluntario a través del decreto 372/2025, rubricado por el presidente Javier Milei. La medida, presentada como un eje de modernización de las Fuerzas Armadas y una herramienta de inclusión para los jóvenes, promete capacitar a soldados para tareas subsidiarias —como la asistencia en catástrofes— y brindar formación para el mercado laboral. Sin embargo, múltiples voces advierten que se trata más de una operación simbólica que de una solución real a los problemas estructurales del país.

El nuevo esquema mantiene algunos requisitos básicos, como haber completado la educación primaria, pero agrega la obligatoriedad de finalizar la secundaria durante el servicio. Aunque la intención educativa es clara, expertos en políticas públicas señalan que esto no reemplaza una estrategia integral para combatir la deserción escolar, que afecta a más de la mitad de los jóvenes de sectores populares. “Un uniforme y diez semanas de curso no alcanzan para resolver un problema estructural del sistema educativo”, afirman desde sectores académicos.

Además, el decreto no contempla mejoras materiales ni presupuestarias para las Fuerzas Armadas, que desde hace décadas arrastran problemas graves de infraestructura, salarios bajos y escasa inversión tecnológica. Así, lejos de impulsar una verdadera profesionalización del Ejército, la medida parece apuntar más a reforzar el relato gubernamental de “orden” y “disciplina”.

Otro aspecto controvertido es el impacto social del programa: en un contexto de desempleo juvenil y precariedad laboral creciente, muchos jóvenes de sectores vulnerables pueden ver en el Ejército una opción de salida, aunque sea temporal. Esto abre un debate sobre la militarización —aunque voluntaria— de la pobreza y sobre los riesgos de convertir al servicio militar en un parche ante la falta de oportunidades reales.

En definitiva, el relanzamiento del Servicio Militar Voluntario bajo la gestión de Javier Milei parece responder más a una lógica de posicionamiento político que a una planificación estratégica de defensa o inclusión social. Lejos de representar una transformación profunda, el decreto revalida un programa que ya existía y que, en la práctica, ha funcionado más como contención simbólica que como verdadera herramienta de desarrollo.

Mientras tanto, los desafíos estructurales de las Fuerzas Armadas y de la juventud argentina siguen esperando políticas sostenidas, inclusivas y con verdadero impacto a largo plazo.