Radio ADN 97.9 FM - Rafaela
Este viernes 9 de febrero se realizó de manera virtual la Audiencia Pública de la Empresa Provincial de Energía (E.P.E.), para discutir el cuadro tarifario de este año y definir posturas respecto de la actualización del monto de las tarifas. La postura de la Empresa es aumentar un 83% promedio a partir de marzo, sujeto a posteriores ajustes según inflación. Sin embargo, el aumento a la pequeña demanda – todos los usuarios particulares – se prevé de un 99%.
Frente a esto, Martínez señaló que “en un contexto como el actual aumentar un 100% las tarifas supera ampliamente la exorbitante inflación existente y se convierte en un impedimento para la competitividad de las empresas y el bolsillo de la gente”. Por el contario, sostiene que lo que debe regir es “el principio de razonabilidad”, según el cual los salarios deberían aumentar por encima de la inflación, y las tarifas no deberían aumentar por encima de los salarios.
Sin embargo, el rumbo actual de las cosas va en un sentido contrario: “Para decirlo con todas las letras, en una Provincia donde los salarios estatales aumentan un 14% por tener en consideración los ingresos de la misma, con esa misma lógica de atar las obligaciones de pago a la relación con los ingresos, nos parece exorbitante aumentar las tarifas de agua un 190% y las de energía eléctrica un 100%”.
Dentro de su análisis, Martínez remarcó que parte del problema es que, en la materia, la Provincia carece de un marco regulatorio y un organismo de control para la E.P.E. Sin embargo, expresó que espera del gobierno que avance en esta dirección, puesto que tanto el Gobernador como el Ministro de Gobierno ya se habían manifestado oportunamente a favor de esta idea: “tenemos la esperanza que este gobierno prontamente avance con esto, habida cuenta de que tiene las mayorías parlamentarias, y habiendo sido el Gobernador y el actual Ministro de Gobierno autores de una iniciativa legislativa a tales fines, con fecha del 3 de mayo de 2022”.
Por otra parte, Martínez explicó que aplicar el principio de razonabilidad requiere también de atender los casos diferenciales. En consecuencia, “es necesario establecer un régimen diferenciado de tarifas para las cooperativas de agua potable que están en una situación muy comprometida”. Además, “el aumento de los indicadores de pobreza exigirá una mejor gestión de la tarifa social”.
En otro sentido, el interviniente pidió no repetir ciertos errores de gestiones anteriores, como ser el de subejecuciones presupuestarias. Al respecto, señaló que el gobierno cuenta con el presupuesto para sostener las obras necesarias, el cual en magnitud es el cuarto más grande después de Seguridad, Educación, Salud y por encima de Desarrollo Social.
Finalmente, Martínez advirtió que “en caso de insistir con el aumento propuesto, es necesario establecer un sistema de moratorias de pago con amplia financiación, para evitar así el corte del servicio y esperar la recuperación de la actividad o la de los ingresos”.
