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Realizarán una sesión especial en Diputados

Provinciales 11 de septiembre de 2019 Por
La solicitud se presentó ante el legislador Emilio Monzó, presidente de la Cámara, quien otorgó la sesión para mañana a las 11:30.
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Diputados de distintos bloques de la oposición presentaron ayer formalmente el pedido de sesión especial para mañana con el objetivo de debatir el proyecto de Emergencia Alimentaria, mientras el oficialismo sigue sin definir una postura.
La solicitud se presentó ante el legislador Emilio Monzó, presidente de la Cámara, quien otorgó la sesión para mañana a las 11:30.
El pedido lleva las firmas de Felipe Solá, Carla Pitiot, Agustín Rossi, Leonardo Grosso, Daniel Arroyo, Victoria Donda, Pablo Kosiner, Alejandra Rodenas, José Luis Ramón, Andrés Vallone, Jorge Franco, Juan José Bahillo, Omar Félix, Ivana Bianchi y Lucila de Ponti, representantes de los bloques que integran el Frente de Todos y Consenso Federal.
La idea de los legisladores es la de debatir en esta sesión especial el proyecto unificado que lograron acordar la mayoría de los espacios políticos el lunes, a fin de reforzar la ayuda alimentaria en comedores comunitarios.
En tanto, según supo NA de fuentes del oficialismo, el interbloque Cambiemos aún no tiene definida la postura que adoptará, aunque no está previsto que se "obstaculice" la discusión opositora.
Para hoy se anuncia una reunión de las tres bancadas de Juntos por el Cambio en la Cámara baja a partir de las 18:00 y allí se discutirá una posición unificada.
La iniciativa que se tratará mañana plantea la emergencia hasta el 21 de diciembre de 2022, el aumento del 50% de las partidas alimentarias y la actualización de esos fondos cada tres meses.
"Concierne al Estado Nacional garantizar en forma permanente y de manera prioritaria al derecho a la alimentación y la seguridad alimentaria y nutricional de la población de la República Argentina, según lo establece la Ley 25.724 que crea el Programa de Alimentación y Nutrición Nacional", sostiene el artículo 2° de este proyecto unificado.
La medida es apoyada por organizaciones sociales, sindicatos y la Iglesia Católica, pero rechazada por el oficialismo, que asegura que el Gobierno ya cumple con muchos de los aspectos que plantea la ley.

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