Gabriel Somaglia ratificó la decisión del gobernador Omar Perotti, mientras dure la cuarentena, “de sostener las medidas de restricción en cuanto a libertades condicionales y salidas transitorias, al  igual que el ingreso de visitas a las cárceles están suspendidas, mayor control de profilaxis de la entrega de la comida por parte de los familiares, extremando todas las medidas de seguridad tanto en la población carcelaria como los celadores con medidas de seguridad sanitaria”.

“El gobierno no está pensando en  medidas que puedan flexibilizar la situación procesal y de privación de libertad de los internos, al contrario, la decisión es extremar las medidas de profilaxis y el control de la seguridad y salud de los mismos”.

Es resorte exclusivo del Poder Judicial, evaluar ante pedidos concretos la resolución de flexibilizar  o instruir alguna medida de sustitución de prisión carcelaria por prisión domiciliaria, los jueces de turno van a solicitar, como se  está produciendo informes acerca de la situación de los internos, para que puedan evaluar las situaciones particulares, señalo el Secretario de Justicia de la Provincia.

"No hay que generar expectativas, ni en los internos ni en sus familias, de que puede haber flexibilidad en el tratamiento de pedidos de libertades. Esto es resorte exclusivo del Poder Judicial, se analiza caso por caso y cada decisión requiere informes que no se hacen de un día para el otro".

“Vamos a tener un mapeo muy estricto en estas horas, de tres grandes grupos de la población carcelaria sobre  cuales son las personas en situación de riesgo mayores de 65 años, calificándolos por la pena, tiempo que llevan cumpliendo la condena, cuál es la situación procesal y cuál es la situación de salud. Por otro lado están aquellos que cuentan con enfermedades terminales.  Y se evalúa la población carcelaria femenina,  que cuenta con mejor situación de profilaxis al no haber superpoblación”.

Somaglia sostuvo para finalizar que “se están armando espacios físicos de aislamiento para quienes estén en mayor riesgo, entre 80 y 90 nuevas plazas a ese fin y debemos entender que coexisten muchos derechos,  los derechos de los reclusos, la protección de la salud pública y de la seguridad pública, el Estado debe velar por todo eso a la vez”.