El decreto, que saldrá publicado en las próximas horas, fijará un piso de incremento salarial de $ 4.000, y deberá ser abonado por las empresas y el propio Estado en dos tramos, con los sueldos de enero y de febrero, y que será remunerativo, a cuenta de futuras paritarias. El primer tramo será de $ 3.000, que con los descuentos implicará un aumento de bolsillo de $ 2.490, mientras que con el salario de febrero se sumarán otros $ 1.000, equivalentes a $ 830 en mano luego del pago de los aportes personales.
El presidente Alberto Fernández cuenta con la atribución conferida por el artículo 54 de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva aprobada antes de Navidad. En las próximas horas  se hará el anuncio formal, que entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
Los representantes sindicales esperaban un incremento entre los $ 6.000 y $ 9.000, aunque desde el ámbito empresario proponían un aumento menor, dado el estrecho margen financiero que se atribuyen en la mayoría de los rubros del sector privado, en una economía que atraviesa dos años de recesión. Finalmente, estos $ 4.000 serán remunerativos, pero las pequeñas y medianas empresas sólo pagarán las cargas no previsionales.
 
La Emergencia Económica habilita al Gobierno a ordenar que el sector privado otorgue aumentos mínimos, por supuesto, en el marco de diálogo con las cámaras empresarias, con las que se discute el monto del mismo.
La reciente ley autoriza a disponer “incrementos salariales mínimos”, es decir sumas que quedan incorporadas a los salarios y no son bonos por única vez. Por lo tanto, se pagarán a cuenta de las negociaciones paritarias, que se concentran a partir de marzo.